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¿Podrá el CONEP retomar el camino de la defensa de los Derechos Humanos?

Vivimos en un momento en que el respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos en el Perú están siendo seriamente cuestionados por toda una campaña que se viene realizando ante la opinión pública por parte de sectores del gobierno, partidos políticos anti-derechos, diversos medios de comunicación a su servicio, e incluso, líderes pastorales y sectores eclesiales entregados a la innoble tarea de justificar estas violaciones de derechos humanos que se realizan en el país, mediante el ejercicio de la violencia como por la promoción de leyes injustas que contribuyen a socavar el sistema democrático, como a intentar cubrir con impunidad los delitos cometidos durante la época del conflicto armado interno (1980-2000).

Un ejemplo de estas leyes injustas es la promulgación por parte del gobierno de Dina Boluarte de la ley de Amnistía en favor de los miembros procesados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales e integrantes de los Comités de Autodefensa, por haber cometido presuntas violaciones de derechos humanos. En la práctica esto significa otorgar beneficios a quienes han están siendo investigados por asesinatos, violaciones, secuestros y desapariciones, entre otros delitos.

Ante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno peruano frenar la promulgación de dicha ley. Sin embargo, el gobierno actual, en una actitud de desacato a lo establecido por la CIDH, no solo promulgó la ley, sino que celebró como un triunfo el promover la impunidad para los militares y policías investigados, permitiendo que se enlode la imagen del resto de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

Frente a esto, nos parece un gesto importante y valioso por parte de la nueva Junta Directiva del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), haber difundido en su página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/share/p/17CXVNw6XU/ un video que conmemora la masacre de los evangélicos en el poblado de Callqui, Ayacucho el 1 de agosto de 1984, a manos de miembros de infantes de Marina.

La publicación del CONEP es también un gesto valiente porque en este contexto actual en el que se intenta deteriorar el valor de los derechos humanos, publicar el contenido del mencionado video muestra la firme vocación, por parte del CONEP, de identificarse y respaldar a quienes participaron de la Comisión Paz y Esperanza, en la década de los 80, bajo la gestión del Pastor Pedro Arana Quiroz, de modo tal, que a partir de los hechos de Callqui se intentó sensibilizar la conciencia de las iglesias evangélicas en favor de la paz, la justicia y los derechos humanos, al reconocer que estaban siendo directamente afectadas por el fenómeno de la violencia política.

Pastor Pedro Arana Quiroz, gestor de la Comisión Paz y Esperanza, COMPAZES

Ahora bien, lo que se espera del CONEP es la coherencia para dar seguimiento y manifestar su oposición ciudadana a la Ley de Amnistía de Dina Boluarte, al ser una ofensa a cualquier tributo que se quiera hacer en la actualidad a la memoria de los mártires de Callqui y a sus familiares, quienes, a pesar de haber pasado más de 40 años de estos terribles acontecimientos, aún están a la espera de: una reparación, una sentencia justa y un pedido de perdón de parte de las autoridades de gobierno. No se puede esperar nada menos del CONEP si éste va a recuperar algo de la credibilidad que, en materia de respeto a los derechos humanos, ha tenido a lo largo del siglo XX. Se ha empezado bien en este período, esperemos que la gestión de esta Junta Directiva lo termine mejor.

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La impunidad como única agenda de gobierno

Publicado originalmente por: IDEHPUCP. En: https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-la-impunidad-como-unica-agenda-de-gobierno/

Editorial 19 de agosto de 2025

Faltan ocho meses para las elecciones generales y once meses para que concluya este periodo presidencial, y ante el inicio de esta cuenta regresiva el gobierno se apresura a materializar los puntos pendientes de su agenda.

En situaciones normales eso significaría que hay un equipo con un plan de gobierno que realizar y con normas, políticas y programas por echar a andar. En la realidad presente las cosas son completamente distintas. En primer lugar, la única agenda a la vista gira alrededor de asegurar impunidad para el equipo, sus allegados y su clientela por una diversidad de graves cargos; en segundo lugar, esa agenda no es únicamente del Poder Ejecutivo, sino de una amplia coalición. En ella el Congreso lleva la voz cantante, imponiendo la fuerza bruta del número, y el Ejecutivo –siempre sujeto al chantaje del Congreso por sus diversas cuentas pendientes con la justicia– aparece como un socio subordinado, pero socio muy interesado y comprometido, de todas maneras.

La ley de impunidad para policías, militares y paramilitares acusados de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que acaban de imponer Congreso y Ejecutivo es, hoy, el emblema mayor de todo ello. La imagen de la Presidenta felicitándose con viejos perpetradores de graves crímenes lo dice todo sobre esa asociación entre los poderes del Estado. Esa norma pone al país al margen del derecho internacional y constituye, por encima de todo, una flagrante violación de los derechos de las víctimas. Pero hay que señalar que esa ley –cuya invalidez legal y constitucional es evidente y que debe ser inaplicada por la magistratura judicial— no es la única en esa dirección, sino que forma parte de un nutrido paquete de medidas de impunidad. Entre estas cabe citar una ley anterior que determinaba, también sin mayor fundamente jurídico, la prescripción de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.

La reciente ley de amnistía se propone bloquear el ejercicio de la justicia sobre crímenes cometidos hace décadas. Pero hay que recordar, además, que el país espera justicia también sobre el medio centenar de muertes producidas por agentes del Estado, bajo este gobierno, durante las manifestaciones de fines de 2022 e inicios de 2023. La presidenta Boluarte y los ministros de entonces, además de los agentes estatales que actuaron directamente sobre el terreno, tienen todavía pendiente el deber de responder ante la justicia por todo ello. Y así como sobre los crímenes del conflicto armado interno, también sobre estos ha habido pronunciamientos claros de instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

No es extraño, por ello, aunque es del todo inaceptable, que ya se comience a anunciar desde el Congreso la preparación de otra ley de impunidad más, una que proteja de procesamiento judicial a los agentes del Estado involucrados en las muertes de los años 2022 y 2023. (Por su parte, el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que no se pude investigar a Dina Boluarte por esas muertes, y otros hechos turbios, durante su mandato). Todo ello, por lo demás, en un año legislativo en el que se ha encumbrado a puestos fundamentales del Congreso a una variedad de personajes con una diversidad de cuentas que rendir ante la justicia. Todo ello no hace sino reafirmar el guion de los últimos años para estos últimos once meses de gestión: una actuación conjunta de Ejecutivo y Legislativo para imponer únicamente medidas de provecho propio y para bloquear la acción de la justicia ya sea en materia de derechos humanos o de corrupción.

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María Maricón

Esta semana tuve la oportunidad de ver la obra «María Maricón» de Gabriel Cárdenas Luna, el joven estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo afiche causó un sobresalto mayúsculo en una universidad que primero había programado la presentación pública de la obra y que luego la censuró, a partir de las quejas y presiones de un sector de la sociedad civil y de algunas autoridades de esa propia casa de estudios.

Sin haber presenciado los contenidos de la obra, los «críticos» argumentaban que «María Maricón» era en sí misma una ofensa a la Virgen María, a quien supuestamente debía dirigirse el mencionado título. Tratando de revertir una coyuntura que les era desfavorable en ese momento por el cierre del Sodalicio y la censura a la figura de Juan Luis Cipriani del Opus Dei, un sector del catolicismo integrista salió a las calles a «rezar».

Bueno en realidad salieron a protestar y, como era de esperarse, sectores de gobierno como el Ministerio de Cultura, ante el temor y la presión, cedieron y terminaron desautorizando la propia Resolución que dicho sector había emitido antes, la cual calificaba la obra como espectáculo público.

La realidad de las cosas era que la obra (ahora que la he visto) no tenía como propósito ofender a la Virgen o las creencias de un sector de la población peruana que se identifica como católica. Uno descubre en el transcurso de la función que «María Maricón» no se refiere a la Virgen María, sino que es el insulto que Gabriel Cárdenas recibía por parte de las personas que lo discriminaban cuando era niño y lo querían hacer sentir mal por ser gay.

Definitivamente, hay en «María Maricón» una fuerte crítica a las instituciones religiosas que esconden su homofobia detrás de vanos argumentos teológicos o religiosos. Es bien cierto que la mayoría de iglesias cristianas en el Perú se alinean con la cultura patriarcal y ofrecen una mirada -en el mejor de los casos- de condescendencia hacia la población LGBTIQ+. En otros casos, el desprecio que muchos cristianos/as sienten por las personas de la diversidad sexual les lleva a expresar odio y discriminación hacia esta comunidad. Eso, sumado a una actitud de desprecio por la vida de las personas que son diferentes a la mayoría heterosexual en el Perú, pone en riesgo a los integrantes de la diversidad sexual, ante los brotes de violencia y hasta los crímenes de odio, que son alentados indirectamente por el discurso religioso de los pastores y sacerdotes irresponsables. Por ejemplo, recuerdo el caso del pastor Rodolfo González cuando decía en uno de sus sermones que la Biblia enseña que, «si ven a dos mujeres teniendo sexo, hay que matarlas a ambas».

Me gustó la obra porque en medio de las sombras de la religión que discrimina, mediante recursos como la danza, la actuación y los símbolos utilizados, Gabriel Cárdenas y sus colegas son capaces de transmitir rebeldía, protesta, indignación y, sobre todo, esperanza. Esperanza de que las cosas pueden ser diferentes en un Perú libre de Fundamentalismos, donde las personas pueden ser libres de vivir y amar de acuerdo con su orientación sexual e identidad de género, viviendo con los mismos derechos y libertades que los heterosexuales gozamos. Un Perú donde quepamos todos, viviendo en democracia y una iglesia que celebra el ejemplo de Jesucristo liberador y no se presta a los juegos de odio de los grupos antiderechos.

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Boletín del Observatorio

Hola. Con mucho agrado les presentamos la edición N°2 del año 2025 del Boletín del Observatorio de los Fundamentalismos en las Políticas Públicas del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP). Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en WhatsApp. Esperamos que disfruten su lectura.

Boletin N°2 del Observatorio de los FundamentalismosDescarga
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El CIERP frente a la violencia de género promovida por algunas iglesias

Hola, compartimos nuestra posición que el Centro de Investigación en Religión y Política – CIERP, desea expresar en torno del problema de cómo los Fundamentalismos promueven la violencia de género a través de algunas iglesias, con consecuencias muy peligrosas para la vida y la dignidad de las mujeres en el Perú y para el trato igualitario entre hombres y mujeres en espacios eclesiales.

El CIERP frente a la violencia de género en las iglesiasDescarga
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¿Cuánto daño hace la mentalidad dispensacionalista?

Agradecemos a Marcos Arroyo por compartir con nuestros/as lectores/as su artículo publicado originalmente en: https://www.facebook.com/share/p/1ANYW8o8b4/

La teología dispensacionalista no sólo impide ver de cerca el tema de los derechos humanos respecto a Palestina (sin pasar por alto los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos terroristas), sino, de manera más amplia, este tema queda condicionado a la creencia o interpretación religiosa sobre aquello denominado, «los últimos tiempos».

Una parte esencial de esta teoría, es su convicción de que el sufrimiento es parte indispensable para alcanzar la salvación. Bajo esta idea, se interpreta, en sectores evangélicos, que lo que ocurre en la zona de Gaza y Palestina, es una guerra entre el bien (Israel) y el mal (Palestina y sus aliados, los enemigos de Dios).

¿Qué observamos en esta ideología dispensacionalista en términos políticos?

Un apego y apoyo, casi incondicional, a políticas de corte nacionalista, militarista y expansionista, y todo ello, bajo el amparo de que se trata de «valores cristianos» que operan en el ámbito del plan divino.

La justicia social y los derechos de las minorías no suelen hallar cabida en estos espacios religiosos, tomando en cuenta que el sufrimiento es parte de la vida humana y que sólo después de la muerte se podrá gozar de una mejor vida. Su mayor interés está dirigido a expandir su visión religiosa bajo la convicción de que ello hará que se cumplan las profecías sobre el retorno de Cristo a la tierra.

¿Cómo resolver estos problemas sobre el racismo, la xenofobia, la violencia, la destrucción del planeta, la maldad en general?

A través de la conversión, no de políticas de justicia social o todo aquello necesario para ayudar a revertir y controlar estas situaciones. Según esta corriente (ideología) dispensacionalista, la guerra es necesaria para que retorne Cristo. No es raro, p.ej., ver en algunas publicaciones, la referencia a «Cristo viene» cada vez que las noticias describen sobre señales de guerra. No es el cambio climático y otros temas esenciales lo que preocupa a estos grupos, pues la justicia y la paz están subordinados a esta línea teológica e ideológica.

Esta línea es la que suscribe la mayoría evangelical norteamericana aliada de Donald Trump, con la que coinciden también muchas denominaciones evangélicas en el resto del mundo, incluyendo nuestro país, Perú, que han recibido esta influencia y persisten en expandir estas ideas en sus centros de formación cristiana.

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Revista Basileia, Año II, N° 2 – Abuso Espiritual

Con mucho agrado les presentamos la segunda edición del año 2025 de la Revista «Basileia», del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP), correspondiente a los meses de marzo y abril. El presente número está dedicado al tema de la problemática del abuso espiritual como una afectación a los derechos humanos que se produce en el marco de espacios religiosos y eclesiásticos. Un tema muy sensible que saca a la luz un delicado problema de relaciones de abuso y violencia entre autoridades religiosas y sus miembros o feligreses. Esperamos que su lectura contribuya a sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas.

BASILEIA N°2Descarga

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El retroceso del CONEP

Conversando un día con mi colega y amigo Rolando Pérez respecto del desarrollo de los acontecimientos de los evangélicos en la agenda pública, veíamos con mucho pesar la pérdida de relevancia de diferentes organizaciones que, en otros momentos, fueron ejemplo de coherencia e integridad con sus ideales evangélicos, entre estas lamentablemente se encuentra el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP).

No solo es preocupante la existencia de congresistas antiderechos involucrados en la política, que promueven leyes que perjudican la seguridad y la vida de las mujeres; que afectan libertades de la ciudadanía; o que promueven la impunidad de los violadores de derechos humanos en el Perú. De esos malos políticos evangélicos siempre hemos tenido en mayor o menor medida desde su llegada al poder con Alberto Fujimori y su partido, Cambio 90.

Lo penoso en este caso es que la organización que representaba a la mayoría de los evangélicos en el Perú, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, sí el CONEP, reconocida como defensora de derechos humanos por el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sea ahora quien con sus nuevos dirigentes, promueva y avale pronunciamientos y discursos contrarios al espíritu democrático y proderechos que le había caracterizado. Para más información sobre el rol del CONEP en el proceso de paz y reconciliación entre los años 1980 y 2000, se puede consultar el siguiente enlace: https://bit.ly/3FVq6Sg

REATEGUI, Felix – Las organizaciones sociales durante el periodo de la violenciaDescarga

Según informa la página de Facebook del Concilio Nacional Evangélico del Perú, ver: https://bit.ly/4lahGqG a inicios del mes de marzo se reunieron las directivas del CONEP y de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP) en un encuentro donde

… ambas organizaciones reafirmaron la importancia de la unidad entre las iglesias evangélicas y su compromiso de trabajar juntas en iniciativas que promuevan los principios cristianos, la solidaridad y la paz social en nuestro país. Además, se abordaron temas esenciales como la defensa de la libertad religiosa y la vigilancia frente a doctrinas que puedan afectar la fe y estabilidad de nuestra comunidad.

Reunión de Juntas Directivas CONEP y UNICEP. Fuente: CONEP

Lo escandaloso del evento no ha sido la reunión en sí de ambas directivas, sino el contenido de uno de los productos que de esa reunión ha surgido: el así llamado «Pronunciamiento CONEP-UNICEP con agenda común a favor de la unidad de la Iglesia Cristiana Evangélica». Puede consultarse el texto original en: https://bit.ly/43rzyXy

¿Qué de escandaloso hay en dicho pronunciamiento?

El documento firmado por ambos organismos (CONEP-UNICEP) señala la necesidad de «asegurar el cuidado de la libertad religiosa en el país, prestando atención especial al monitoreo de sectas que lleguen con doctrinas potencialmente peligrosas». Esta manera de concebirse a sí mismos como gendarmes de la correcta religiosidad evangélica es incompatible con el carácter amplio de las plataformas que dicen representar. ¿Serán las/los directivos del CONEP o quizás los de UNICEP quienes van a tener la autoridad moral y religiosa para hablar de «sectas con doctrinas potencialmente peligrosas»? ¿No son acaso el CONEP y UNICEP dos plataformas interdenominacionales que deben acoger a las diferentes expresiones de fe de las iglesias evangélicas en lugar de colocarse en el plano de descartar y desacreditar a los grupos con los cuales no están religiosa o políticamente de acuerdo? ¿Cuándo llegó el fundamentalismo al CONEP que ahora se creen en la posición de determinar el carácter «peligroso» de una doctrina?

Y siguiendo esta línea autoritaria, el mencionado pronunciamiento señala la importancia de «vigilar a aquellos grupos religiosos que, aunque puedan presentar una fachada protestante, propugnan enseñanzas que puedan distorsionar la fe cristiana y poner en riesgo la estabilidad social». Entonces, si seguimos su argumentación, estos grupos con doctrinas potencialmente peligrosas, son grupos protestantes que promueven enseñanzas que tienen dos tipos de consecuencias: a) son disidentes respecto de las doctrinas del establishment evangélico conservador y b) promueven acciones de protesta que ponen en riesgo la estabilidad social.

¿A quién o quiénes los directivos del CONEP-UNICEP pretenden intimidar? ¿A qué sectores dentro del protestantismo evangélico se pretende silenciar, primero porque no tienen las mismas creencias en materia religiosa y segundo, porque promueven la movilización ciudadana, constituyéndose en una voz alternativa y profética a las voces de estos directivos que se mantienen pasivos e indiferentes ante la injusticia promovida por los propios congresistas antiderechos?

¿Será acaso que este pronunciamiento es un guiño de respaldo a las políticas de tipo»mano dura» que el congresista Alejandro Muñante pretende promover? ¿No es acaso este congresista el que está utilizando la idea de «desestabilización social» y «desestabilización política» para promover sus disparates congresales? No es casualidad que este pronunciamiento se alinee con esta manera de ver el problema en el país y amenace a los grupos protestantes disidentes y no solo señale que hay que «monitorear» y «vigilar» las acciones de estos grupos, sino que se les acuse abiertamente de ser desestabilizadores del sagrado orden social que pretenden defender. ¿Cuál es el paso que sigue señores del CONEP y UNICEP? ¿La criminalización de la disidencia religiosa? ¿Van a perseguir a las «sectas protestantes» y acusar a sus dirigentes de promover el caos público o de ser agentes de desestabilización política? Sobre los malos dirigentes bien profetizó en las Sagradas Escrituras el profeta Isaías: «Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras; su lengua murmura maldades». (Isaías 59:3)

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Ley Anti-ONG: un atentado contra la democracia

Los fundamentalismos operan con una notable represión de la libertad de expresión y organización social; especialmente contra aquellas que defienden los derechos. Estos grupos fundamentalistas a través de discursos de odio, amenazas y deslegitimación buscan desmovilizar y silenciar a quienes defienden una perspectiva de derechos humanos y equidad social.

Un reciente ejemplo de esto, es la Ley de Modificación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) o también conocida como la “Ley Anti – ONG” la cual fue aprobada en días pasados, y ha sido presentada por los grupos antiderechos como una medida de fiscalización y regularización de recursos anti “activismo político”, siendo en realidad un atentado contra quienes se encargan de defender a víctimas de abusos del poder, violaciones de derechos y corrupción.

Pero, ¿Por qué esta ley tiene claras raíces fundamentalistas?

  • Atenta contra la libertad y la democracia, ya que las ONG´s que reciban fondos de cooperación internacional estarán impedidas de demandar al Estado peruano, un ejemplo de esto, fue el caso de defensa por parte de organizaciones a favor de Azul Rojas Marín, quien fue víctima de violencia sexual y tortura y denunció a la Policía Nacional del Perú (PNP).
  • Es una ley antiliberal y sumamente peligrosa, porque de esta manera el Estado crea su cerco de hostigamiento a los grupos de presión que actúan a favor de los derechos ciudadanos, y que la mayoría de las veces deben hacerlo en contra de políticas públicas promovidas por el gobierno.
  • Niega el derecho de justicia, ya que no se podrá proteger a las y los ciudadanas/os ante abusos, inacción e injusticias del Estado.
  • Busca justificar ciertas conveniencias políticas de grupos de poder, censurando el libre ejercicio de activismo pro derechos
  • Dificulta la atención a víctimas que no pueden costear los servicios por concepto de defensa legal, ya que son precisamente estas ONG´s quienes asumen esas asesorías legales.

Esta normativa, demuestra claramente el abono hacia un régimen autoritario y fundamentalista que niega el derecho a la libre difusión de ideas; es decir se resume como una ley antidemocrática; ahora son las ONG´s, pero luego serán los medios de comunicación, gremios sindicales, entre otros; dando apertura a una política dictatorial. Es decir, con este documento legal se busca silenciar a la sociedad civil, de manera que quedamos expuestas/os e indefensas/os ante grupos políticos antiderechos y fundamentalistas.

¿Y tú qué opinas de esta Ley? ¿De qué manera afecta la lucha por los derechos humanos en el país?