Por: Oscar Amat y León / Miguel Ángel Castro
Antecedentes
Los enfrentamientos entre el ex presidente Castillo y el Congreso de la República empezaron casi desde el mismo momento de la elección de ambos actores en las elecciones del 2021, pero recoge una ya larga tradición de enfrentamientos entre ambos poderes del estado donde, en los últimos años, han cambiado los nombres de los actores (Kuczynski, Vizcarra, Sagasti) pero siguen respondiendo a las lógicas de obtener el poder a toda costa, por parte de los fundamentalismos políticos organizados como grupos anti-derechos.
En esta última coyuntura las tensiones entre el poder ejecutivo y el Congreso culminaron en un intento sumamente extraño, tanto como fallido, por parte de Castillo, de cerrar el Congreso de manera irregular, lo cual terminó de ser una alternativa viable para el gobierno en el momento en que las Fuerzas Armadas se negaron a respaldar las medidas tomadas por el entonces presidente Castillo y que luego culminaron en su posterior detención y actual prisión preventiva por 18 meses.
El inicio de la violencia
A raíz de estos hechos: la detención de Castillo, la asunción del poder de la vicepresidenta Dina Boluarte, la negativa del Congreso de adelantar las elecciones presidenciales y congresales, se comenzaron a generar en el país olas de descontento popular que fueron contestadas de la peor manera por la gestión de Boluarte con la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional y el uso desmedido de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Es así que diversos sectores y movimientos sociales que salieron a las calles -como en otras oportunidades- a defender la democracia, fueron duramente reprimidos, violentados y acribillados por aquellos que sintieron que las medidas de excepción del gobierno de Boluarte les daba una carta libre para matar y asesinar civiles, en nombre del bendito estado de emergencia
La respuesta de las iglesias evangélicas
Con los informes de la desgracia de los primeros pobladores heridos y asesinados, empezaron a aparecer voces de parte de diferentes sectores religiosos pronunciándose frente a los hechos, cada quien desde el marco de sus propias teologías políticas como de sus proyectos institucionales de posicionamiento público en la sociedad peruana.
Las primeras voces que se dejaron escuchar fueron la de la Iglesia Metodista del Perú y la de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú (IEPRP). La primera de ella estableció que vivimos «una situación crítica» caracterizada por el «desgobierno y la violencia», «el desprecio» y «la intolerancia». Recordando la orden del Señor Jesús al apóstol Pedro con la famosa frase «guarda esa espada», la carta pastoral de la Iglesia Metodista afirma que «el arma no tiene valor alguno en la construcción de una sociedad solidaria» concluyendo que «más allá del bando en que (uno) se encuentre, se trata de ser empático con el que sufre, con quien es perjudicado». Por eso es necesario, entre otras cosas, gobernar el país desde los intereses de las poblaciones postergadas, trabajar por fortalecer los espacios democráticos tanto en la sociedad civil como en las instituciones de gobierno, reafirmando el compromiso de velar por quienes menos tienen en esta sociedad. Como se puede observar la postura de la Iglesia Metodista del Perú es clara en cuanto al componente ético de identificación con los sectores más vulnerables, la denuncia profética contra la violencia ejercida contra el pueblo y el llamado a defender la vida, la justicia y la democracia.
Por su parte la postura del documento de la IEPRP es más ambiguo. Y esto porque inicia reconociendo que hay que «acatar el estado de emergencia» a la vez que afirma su preocupación por la necesidad de buscar alternativas a la realización de los cultos presenciales. Vale decir que este pronunciamiento público se inicia desde la afirmación del sometimiento al decreto del estado de emergencia y lamentando que la consecuencia directa de este problema sea no tener cultos presenciales, como si este fuera un asunto primordial en medio de un país que empezaba a desangrarse. Asimismo, el pronunciamiento siguió con la idea de advertir a la población a «no dejarse seducir por mensajes antojadizos y distorsionados de la realidad, pues azuzan a la población hacia la violencia», enfatizando su discrepancia con la movilización y la protesta social que en esos días venía gestándose, respaldando también la «sucesión de mando que se ha dado en el país», en clara referencia a la toma de mando de la presidenta Dina Boluarte. Pero como dijimos anteriormente, la ambigüedad del documento se expresa porque acto seguido se condenan «los asesinatos de los compatriotas abatidos en medio de las manifestaciones». Así como también se condena «el ataque perpetrado en contra de los miembros de la policía nacional». (El subrayado es nuestro) Asimismo, se afirma que no debemos «ser ajenos a las justas demandas de nuestros compatriotas que siguen postergados por la culpa de autoridades corruptas e incompetentes», y sin embargo líneas arriba se enfatizó a no dejarse envolver o engatusar por mensajes que incitan a la violencia y se reconoció positivamente la asunción de mando de Dina Boluarte, dejándonos con la duda respecto de cuál es el sentido específico de la carta pastoral de la IEPRP.
A continuación les dejamos copia de ambos documentos para que el público lector analice su contenido por sí mismo.
Por su parte, las iglesia evangélicas más tradicionales, han brillado por su ausencia, en cuanto a emitir opinión al público o proveer orientación a su feligresía. De manera aislada hemos identificado una carta circular del Sínodo de la Iglesia Evangélica Peruana (IEP) en Arequipa, una de las regiones donde la movilización social ha estado más activa. La carta invita a la feligresía a unirse en ayuno y oración por las situaciones de violencia, invoca a «respetar las disposiciones de nuestras autoridades según nuestra profesión cristiana», recomendando a la iglesia a «no participar en tumultos, principalmente a nuestros jóvenes, que eviten participar en movilizaciones de corte político». La carta de este Sínodo de la IEP nos ha dibujado claramente la manera que tiene de entender la situación en el país un amplio sector del liderazgo evangélico y por qué su recomendación pastoral termina siendo el llamado abierto a no involucrarse en acciones de protesta social.
Por su parte, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, el otrora organismo representativo de una amplia mayoría de la comunidad evangélica, institución que recibiera el reconocimiento público de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por su contribución a la defensa de los derechos humanos y el trabajo de pacificación del país, emitió un pronunciamiento, que nada más leer los versículos bíblicos que colocan como referencia central, uno inmediatamente identifica que el mensaje es: la responsabilidad de que el pueblo esté gimiendo la tiene el impío que ha estado gobernando, y encima de eso, quienes ponen en llamas a la ciudad con sus movilizaciones y protestas sociales son los malos, los escarnecedores. El documento afirma «nos estamos matando… como producto de posiciones radicales y cerradas», siendo su mayor exhortación a la constitución de «mesas de diálogo que permitan alcanzar acuerdos y soluciones viables» en una clara referencia a la iniciativa de la presidenta Boluarte de convocar a las iglesias a convertirse en su soporte religioso para la legitimación de su mandato, especialmente en las regiones donde la protesta social es más intensa.
Mientras los pronunciamientos iban y venían, las víctimas de la violencia alcanzaban también a los jóvenes evangélicos que empezaron a formar parte de la larga listas de pobladores asesinados por las fuerzas del orden. El primero de ellos fue Beckham Quispe Garfias, de 18 años, miembro de la Iglesia Evangélica Peruana y muerto en las protestas de la región Andahuaylas.
Junto con él, en la misma localidad de Andahuaylas, y en medio de las protestas en el aeropuerto de dicha localidad falleció otro joven evangélico, Cristian Rojas Vásquez, de 19 años, quien deseaba ser policía, pero terminó estudiando farmacia y a quien su hermana Noemí recuerda «tocando canciones evangélicas en su teclado y entonando alabanzas».
Finalmente, y hasta la fecha, el tercer caso es el de Josué Sañudo Quispe, de 31 años, hijo del pastor Germán Sañudo, traductor de la Biblia Quechua de Ayacucho. Su hijo Josué trabajaba cerca del aeropuerto de Ayacucho y al salir rumbo a su casa, habían manifestaciones cerca y fue alcanzado por una bala perdida, que le quitó la vida. Según el diario La República (19.12.22) el pastor no quiso brindar mayor información sobre las condiciones de la muerte de su hijo por «la estigmatización de una sociedad desinformada que tilda, sin mayor reflexión, a todas las víctimas, de personas violentas».
Mientras la fuerza de la realidad golpeaba de esta manera salvaje y absurda a este conjunto de familias evangélicas, contrasta la pasividad y el conservadurismo del pronunciamiento de las Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, un conjunto de denominaciones que abandonaron el CONEP en años anteriores por discrepancias internas, e integrada, entre otras, por Las Asambleas de Dios del Perú, el Movimiento Misionero Mundial y la Alianza Cristiana y Misionera, en cuyo documento se resalta el sometimiento de los cristianos a las autoridades rechazando «los actos ilegales de violencia y vandalismo que ya han cobrado lamentablemente vidas humanas». Efectivamente, fueron las vidas de muchos jóvenes, entre ellas las de 3 evangélicos tomadas a manos de la represión de las fuerzas del orden, a las que el pronunciamiento anima a seguir cumpliendo «con diligencia y honorabilidad» dichas funciones por las cuales las iglesias firmantes afirman «orar y continuar orando».
Al mismo tiempo el pronunciamiento de las mencionadas iglesias asume un carácter netamente político invocando a la comunidad internacional «a respetar nuestra soberanía e independencia, sin ejercer mayor injerencia o presión». Vale decir, se intenta impedir el observatorio internacional de las violaciones de Derechos Humanos en el Perú, legitimando las acciones represivas del gobierno de Boluarte.
En esa misma línea de ideas, el pronunciamiento de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), organismo que viene apoyando abiertamente a los evangélicos políticos que forman de los grupos anti-derechos en el Perú, solicita a las iglesias explicar a su feligresía las consecuencias «de dejarse llevar por ideologías de muerte», una manera sutil de ejercer el famoso «terruqueo» de las organizaciones comprometidas con actos de protesta, empleando además el pronunciamiento un lenguaje contrainsurgente al pedir oración para «enfrentar al enemigo interno y externo que ha reiniciado sus actividades de terror, destrucción y muerte», invocando a la comunidad internacional a respetar «la transición de gobierno, recaída en la presidenta Dina Boluarte», ¿será que la función de UNICEP ante el gobierno de Dina Boluarte será de buscar su legitimidad tanto en el frente interno como externo, haciendo uso del capital religioso que tienen como iglesias cristianas en el país, frente a las acusaciones que se levantan contra dicha gestión por los crímenes arriba mencionados y las medidas anticonstitucionales que vienen realizando?
La respuesta de las organizaciones basadas en la fe (OBF) de trasfondo evangélico
No son los únicos pronunciamientos de las OBF evangélicas, pero a la fecha, es interesante contrastar el enfoque diferente de las narrativas de estas organizaciones respecto de la narrativa de las iglesias, lo cual ya nos está ofreciendo una pista interpretativa de cómo se construyen los discursos desde estos dos sectores.
Por un lado tenemos el clásico discurso eclesial con su formulación ambigua entre teoría y práctica, en algunos casos, en otros, lo que hallamos es la típica solución del no compromiso o de la «huelga social», es decir el fácil recurso de exigir el sometimiento a las autoridades, o la huida de este mundo. Para terminar, nos encontramos también con casos extremos donde proliferan los discursos abiertamente ideologizados de sectores religiosos que asumen una postura de defensa del orden interno y de conceder anuencia a las acciones violatorias de Derechos Humanos.
Por su parte, los discursos de las OBF están más orientados al desarrollo de la conciencia ciudadana y al fortalecimiento ético de la acción de los que contribuyen a la búsqueda de la justicia y la afirmación de la democracia a partir de su acción concreta en el mundo. La mayoría de veces estos discursos tienen que estar muy moderados o auto censurados por las propias OBF para evitar que las iglesias tomen distancia de ellas o abiertamente renuncien a participar de los proyectos que estas realizan en su beneficio, o en otros casos, la distancia ideológica de lo propuesto por el grupo más «progresista» termina volviendo difícil el entendimiento con los sectores eclesiales más tradicionales o complica la construcción de una base axiológica común para juzgar la realidad e intervenir en ella.
El Colectivo Cristianos Comprometidos, destaca la inefectividad de creer que la asunción del gobierno por parte de Dina Boluarte vaya a solucionar por sí mismo la polarización en que se encuentra el país y menos aún la crisis política que venimos experimentando. De manera puntual dicho colectivo establece la necesidad de «una reforma integral del capítulo político de la Constitución, y mejorar las reglas de juego de las futuras elecciones». Por lo cual, exige al Poder Ejecutivo «convocar a nuevas elecciones generales en el mas breve plazo posible». Evidentemente, este no es una narrativa que encontremos en ninguno de los pronunciamientos ni de las exigencias de las iglesias evangélicas.
Por su parte, la ONG Paz y Esperanza fundamenta su llamado al trabajo por la justicia en el país desde su pronunciamiento «Derecho a la protesta, respeto y diálogo transparente para evitar más tragedias», en las recomendaciones en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la cual caracteriza a la sociedad peruana en términos de «injusticia estructural» y «discriminación». Al no haber sido atendidas estas reformas institucionales se ha producido un desborde de parte de las demandas de la ciudadanía generándose un justo ejercicio de su derecho a la protesta, el cual ha sido inadecuadamente contestado por este gobierno con un «uso indiscriminado de la fuerza, generando más violencia».
Por lo cual Paz y Esperanza exhorta a un llamado al diálogo, al mismo tiempo que a la elaboración de una hoja de ruta que implique un cambio de las actuales autoridades, con lo cual es tácita su opción por el llamado a elecciones generales. Evidentemente, el contenido del pronunciamiento de Paz y Esperanza está orientado al público de sociedad civil, no necesariamente evangélico, el cual maneja no solo otro tipo de lectura de la realidad nacional, sino también un sentido utópico diferente respecto a los imaginarios evangélicos más tradicionales que priorizan asuntos como la obediencia a las autoridades, la defensa del orden social vigente, la resistencia al cambio social, el problema con la participación en actividades de protesta y la derechización de la opinión pública evangélica, problemas de sentido y significado que se han venido haciendo más difíciles de lidiar con, en la medida que la teología popular evangélica ha venido contribuyendo al detrimento del sentido profético de los dirigentes eclesiales y a mantener una distancia ideológica importante con los discursos y prácticas de la izquierda política en el Perú. Estos desencuentros hacen más amplias las brechas de entendimiento con los sectores eclesiales evangélicos y eso a su vez conlleva a un distanciamiento respecto de las feligresías evangélicas que se mantienen cautivas de las posiciones políticas conservadoras de sus líderes religiosos.
Terminamos este artículo señalando que la tendencia conservadora de los evangélicos contribuye al distanciamiento del compromiso activo con las grandes transformaciones que están por hacerse en este país; sin embargo, con el paso del tiempo vemos aflorar un discurso aun más peligroso para la afirmación de la democracia en el país, proveniente de sectores evangélicos (no solo conservadores) sino abiertamente fundamentalistas. En nuestro próximo artículo queremos explorar los acercamientos de los evangélicos políticos al gobierno de Dina Boluarte. ¿Estamos en camino a una defensa acérrima de la gestión de la violencia represiva en nombre de la salvaguarda del orden interno y de los intereses económicos y políticos de los más poderosos? No se pierda nuestro próximo artículo en el que estaremos analizando esta pregunta.
Centro de Investigación en Religión y Política 