Por: Oscar Amat y León P.
“Ya no los hacen como antes”. Los fundamentalismos religiosos antiguamente se dedicaban a defender sus creencias de los supuestos ataques que recibían, al entrar éstas en contradicción con el avance del conocimiento científico. Esta situación se ve más claramente reflejado en la oposición que manifestaron a la enseñanza de la teoría de la evolución en los colegios o en la pretensión de imponer el esquema creacionista a ultranza como explicación del origen del universo. La clave para estos grupos fundamentalistas en ese tiempo era defender la fe cristiana para que no perdiese credibilidad ante la opinión pública. Dicho sea de paso, la participación política, en ese entonces, era una cosa completamente prohibida para los buenos creyentes. La defensa del fundamentalismo se trataba básicamente de un asunto de defensa de intereses eclesiales y religiosos contra el avance de la secularización. La política, se decía, era algo mundano o profano, que obstaculizaba el desarrollo de la fe o la espiritualidad en el ser humano.
Sin embargo, estos mismos sectores fundamentalistas del mundo cristiano, tiempo después, al ver las posibilidades y oportunidades de intervenir en la vida política de los países, se esforzaron por ocupar espacios de poder público, y prontamente convirtieron a la política en un nuevo frente misionero para sus organizaciones, a fin de conseguir beneficios para sus propias iglesias e influenciar en las leyes, la cultura o en la opinión pública, impulsando su propia cosmovisión religiosa como si fuese la base moral privilegiada para una ética ciudadana.
Esta conveniente preocupación manifestada por los fundamentalismos por un supuesto interés por las políticas públicas en el Perú es una estrategia común de diversos grupos sociales que colocan sus representantes en el Congreso para la defensa de sus propios intereses subalternos. Lo peculiar de la participación política de los sectores fundamentalistas es que, en primer lugar, modificaron la decisión inicial de no inmiscuirse en la política de los países, reemplazándolo ahora por un militante activismo político antiderechos. En segundo lugar, es que a diferencia de otros sectores del protestantismo evangélico, que desde muchos años participan en la vida política del país como ciudadanos/as, estos sectores fundamentalistas han ingresado a la arena política con una agenda que no busca defender o expandir la práctica de los derechos humanos en el país, sino más bien, defendiendo banderas que intentan restringir o limitar el acceso a los derechos a sectores como: las mujeres afectadas por violencia de género; las personas de la diversidad sexual que exigen igualdad, reconocimiento y protección de sus vidas por causa de su orientación sexual e identidad de género; o restringiendo las libertades de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad con enfoque de género y educación sexual integral.
¡Definitivamente ya no hacen a los fundamentalismos como antes! Abandonaron los espacios de sus templos, sus ideas extravagantes sobre el fin del mundo o los ataques contra la teoría satánica de la evolución y ahora pululan por los espacios políticos elaborando proyectos de ley para la defensa de sus enfoques disparatados de los supuestos ataques contra el primado de la familia heterosexual, la supremacía bíblicamente cristiana de hombres sobre mujeres, o las más diversas teorías de la conspiración dignas de una o de varias novelas de ciencia-ficción. Y lo peor no está en que los fundamentalismos hayan mutado de esta forma, lo peor está en que han encontrado un terreno fértil en las bases culturales de nuestro propio conservadurismo y resistencia al cambio. El sentido común de los peruanos/as termina aceptando y creyendo en los miedos que nos venden y termina haciendo eco de las extravagancias de sus propuestas. Así el discurso fundamentalista se convierte en un grave riesgo para la vida en democracia. ¡Estado laico ya, es urgente!
Centro de Investigación en Religión y Política 