Los fundamentalismos operan con una notable represión de la libertad de expresión y organización social; especialmente contra aquellas que defienden los derechos. Estos grupos fundamentalistas a través de discursos de odio, amenazas y deslegitimación buscan desmovilizar y silenciar a quienes defienden una perspectiva de derechos humanos y equidad social.
Un reciente ejemplo de esto, es la Ley de Modificación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) o también conocida como la “Ley Anti – ONG” la cual fue aprobada en días pasados, y ha sido presentada por los grupos antiderechos como una medida de fiscalización y regularización de recursos anti “activismo político”, siendo en realidad un atentado contra quienes se encargan de defender a víctimas de abusos del poder, violaciones de derechos y corrupción.
Pero, ¿Por qué esta ley tiene claras raíces fundamentalistas?
Atenta contra la libertad y la democracia, ya que las ONG´s que reciban fondos de cooperación internacional estarán impedidas de demandar al Estado peruano, un ejemplo de esto, fue el caso de defensa por parte de organizaciones a favor de Azul Rojas Marín, quien fue víctima de violencia sexual y tortura y denunció a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Es una ley antiliberal y sumamente peligrosa, porque de esta manera el Estado crea su cerco de hostigamiento a los grupos de presión que actúan a favor de los derechos ciudadanos, y que la mayoría de las veces deben hacerlo en contra de políticas públicas promovidas por el gobierno.
Niega el derecho de justicia, ya que no se podrá proteger a las y los ciudadanas/os ante abusos, inacción e injusticias del Estado.
Busca justificar ciertas conveniencias políticas de grupos de poder, censurando el libre ejercicio de activismo pro derechos
Dificulta la atención a víctimas que no pueden costear los servicios por concepto de defensa legal, ya que son precisamente estas ONG´s quienes asumen esas asesorías legales.
Esta normativa, demuestra claramente el abono hacia un régimen autoritario y fundamentalista que niega el derecho a la libre difusión de ideas; es decir se resume como una ley antidemocrática; ahora son las ONG´s, pero luego serán los medios de comunicación, gremios sindicales, entre otros; dando apertura a una política dictatorial. Es decir, con este documento legal se busca silenciar a la sociedad civil, de manera que quedamos expuestas/os e indefensas/os ante grupos políticos antiderechos y fundamentalistas.
¿Y tú qué opinas de esta Ley? ¿De qué manera afecta la lucha por los derechos humanos en el país?
Congresista Milagros Jáuregui presenta el PL 10342 que modifica el artículo 108-B del código penal ¿principio de igualdad ante la ley? O más bien representa esto ¿un atentado contra los derechos de las mujeres?
Luisana González
Esta nueva propuesta, es una demostración más de una seguidilla de iniciativas legislativas que emprende la congresista en favor de la vulneración de los derechos a las mujeres en el país. Con la misma, pretende modificar el artículo 108-B del código penal; reemplazando el delito de feminicidio por el delito de asesinato de la pareja, disfrazando esta propuesta bajo la consigna de igualdad y la no discriminación por sexos, sin embargo, el PL va mucho más allá.
En su proyecto, hace mención a la necesidad de eliminar una de las condiciones de privativa de libertad por feminicidio, el cual es producido cuando una mujer es asesinada por su propia condición de mujer, y sustituirlo por asesinato por su cónyuge o su conviviente. Pero, este cambio deja muchos vacíos legales y en consecuencia se produce una desprotección de los derechos de las mujeres tales como: ¿Qué sucede cuando una mujer es asesinada por un acosador, o un desconocido? ¿cómo se tipificaría un crimen contra una niña o adolescente? Es decir, el delito de un hombre contra una mujer donde no exista ninguna relación sentimental.
Esto, sin duda alguna demuestra que la congresista no se preocupa por los altos índices de violencia contra las mujeres; a pesar de autollamarse una “defensora de la familia”, sino que se mantiene en su discurso contra el feminismo y la diversidad. Poniendo en riesgo los avances de años por parte de movimientos sociales a favor del derecho fundamental a una vida libre de violencia.
Dialoguemos... ¿Qué opinas tú? ¿de qué manera este PL atenta contra los derechos de las mujeres?
La discriminación y violencia de género siguen siendo problemas persistentes en nuestra sociedad. Los discursos y prácticas fundamentalistas, que a menudo se disfrazan de moralidad o de tradición, perpetúan estas injusticias. Sin embargo, existe una herramienta poderosa para combatir estos males: la educación sexual integral.
Los discursos de los grupos antiderechos y/o fundamentalistas suelen basarse en estereotipos y roles rígidos de género, que limitan la autonomía y libertad de las personas. Estos discursos se utilizan para justificar la violencia y discriminación contra mujeres, personas LGBTIQ+, y otros grupos a quienes los ultraconservadores consideren potencialmente peligrosos.
Pero, ¿por qué la ESI sigue siendo tema de debate en el Perú?
En Perú, al igual que en otros países de América Latina, la Educación Sexual Integral (ESI) ha enfrentado diversos prejuicios y estereotipos que han dificultado su implementación y aceptación en la sociedad, especialmente aquellos relacionados con las prácticas y discursos fundamentalistas. Algunos de los principales prejuicios y estereotipos hacia la ESI en nuestro país son los siguientes:
*Tabú sobre la sexualidad: existe una fuerte creencia en la sociedad peruana, quizás motivada por la imponente presencia de grupos fundamentalistas y antiderechos, que hablar sobre temas relacionados con la sexualidad es inapropiado y vergonzoso. Esta mentalidad tabú dificulta la conversación abierta sobre la sexualidad y la prevención de riesgos relacionados con ella.
*Conservadurismo: o también podemos llamarlo moralismo, ya que muchas personas en el país asocian la educación sexual con promover la promiscuidad y el libertinaje. Existe la creencia que hablar de sexualidad en las escuelas va en contra de los valores familiares y religiosos tradicionales.
*Falta de formación a docentes: este aspecto, puede estar muy relacionado con el anterior, ya que muchos docentes no han recibido una formación adecuada en educación sexual integral, lo que dificulta su capacidad para abordar estos temas de manera objetiva y científica en el aula.
*Resistencia de los padres: en muchos casos, los padres peruanos se oponen a que sus hijos reciban educación sexual en la escuela, argumentando que es responsabilidad de la familia y que la escuela no debería intervenir en contenidos tan íntimos; sin embargo, este es un tema de interés general y de salud pública, el cual la mayoría de las veces los mismos padres evitan discutir por considerarlo inapropiado.
*Estereotipos de género: lastimosamente, en pleno siglo XXI, la sociedad peruana aún mantiene fuertes estereotipos de género que limitan la libertad y autonomía de las personas en relación con su sexualidad. Se espera que las mujeres sean recatadas y sumisas, mientras que los hombres tienen más libertad para explorar su sexualidad.
Estos prejuicios y estereotipos pueden conllevar a niños, niñas y/o adolescentes desinformados, ignorantes y temerosos respecto a un tema tan importante y primordial en el desarrollo humano como lo es la sexualidad.
Para superar estos prejuicios y estereotipos, es fundamental que se realicen campañas de sensibilización y formación dirigidas a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de promover una visión más abierta y respetuosa de la sexualidad. Además, es necesario fortalecer la formación del profesorado en educación sexual integral y promover la participación activa de las madres y padres en la educación de sus hijos en este ámbito. La ESI es un derecho fundamental de todas las personas y su implementación contribuye a prevenir situaciones de riesgo y promover una sexualidad saludable y respetuosa en la sociedad.
Igualmente, se hace indispensable conocer ¿cómo los discursos fundamentalistas en torno a la sexualidad y el género afectan el desarrollo de una educación sexual integral?
Los discursos fundamentalistas en torno a la sexualidad y el género pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de una educación sexual integral. Estas narrativas suelen promover creencias rígidas y restrictivas sobre la sexualidad, basadas en normas tradicionales y ultraconservadoras; lo cual puede llevar a la perpetuación de estigmas, prejuicios y discriminación hacia aquellos que no cumplan con estas normas, como personas LGBTIQ+ o personas que eligen vivir su sexualidad de manera diferente a la norma socialmente aceptada por este grupo.
En efecto, estas narrativas suelen enseñar que la sexualidad está únicamente relacionada con la reproducción y que cualquier otra forma de expresión sexual es pecaminosa o inmoral. Esto limita la comprensión de la sexualidad como un aspecto natural y saludable de la vida humana, que va más allá de la procreación y abarca aspectos como el placer, la identidad personal, el autocuidado y el relacionamiento con las y los demás. En términos de educación sexual, estos discursos pueden influir en la promoción de contenidos sesgados, incompletos o incluso falsos sobre la sexualidad y el género, lo que dificulta que las personas adquieran conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y saludables en relación con su vida sexual.
Por lo tanto, es importante cuestionar y desafiar los discursos fundamentalistas en torno a la sexualidad y el género, promoviendo en su lugar una educación sexual integral que sea inclusiva, respetuosa, basada en evidencia científica y que reconozca la diversidad y las vivencias de las personas, en un sentido progresivo con respecto a la edad y al desarrollo integral del niño, niña y/o adolescente.
Asimismo, la educación sexual integral puede ser considerada como un antídoto contra la discriminación y violencia de género; ya que la misma comprende mucho más que simplemente enseñar sobre anatomía y reproducción. Es una herramienta para promover la igualdad de género, el respeto y la inclusión.
En conclusión, la educación sexual integral es un paso crucial hacia una sociedad más justa y equitativa. Al promover la igualdad de género, el respeto y la inclusión, podemos erradicar la discriminación y violencia de género. Es hora de dejar atrás los discursos fundamentalistas y abrazar una educación que valore la diversidad y la autonomía de todas las personas sin ninguna distinción.
¿Y tú qué opinas? anímate a dejar tu comentario, sugerencia y/o pregunta.
El trabajo de cuidados comprende la realización de todas las actividades necesarias para garantizar la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas, ya sea dentro del hogar o en instituciones. Estas tareas de cuidado pueden ser directas; como alimentar a una niña o niño, dar atención a personas que padezcan alguna discapacidad o enfermedad, e incluso comprende la atención a personas mayores. También, el trabajo de cuidados involucra tareas indirectas tales como la limpieza y organización del hogar, cocinar, lavar, entre otras.
El cuidado implica brindar atención, apoyo emocional, físico y psicológico a personas en situación de vulnerabilidad, como niños y niñas, personas enfermas, adultos mayores o con discapacidad. Esta labor es esencial para el bienestar y la calidad de vida de quienes lo reciben, pero también para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Es así como esta se convierte en una responsabilidad fundamental en cualquier sociedad.
Sin embargo, a menudo esta labor es invisible y poco reconocida, lo que llega a resultar en una carga desproporcionada que recae en mayor porcentaje en las mujeres. A lo largo de la historia, las mujeres han sido las principales encargadas de realizar estas tareas de cuidado. Esta situación se debe a una construcción social que asigna a las mujeres roles de cuidadoras por naturaleza, relegándolas a espacios privados y limitando sus oportunidades de desarrollo en otros ámbitos de la vida. Esta realidad pone en evidencia la desigualdad de género que persiste en nuestra sociedad.
En este sentido, son las mujeres quienes suelen asumir las tareas de cuidado en gran parte debido a la estructura patriarcal de la sociedad, que asigna roles de género tradicionales en los que se espera que las mujeres sean las principales cuidadoras de la familia. Igualmente, los estereotipos de género que provocan la división desigual del trabajo entre mujeres y hombres hacen que las tareas de cuidados se vean como habilidades netamente propias del género femenino. Además, la falta de políticas públicas y medidas de conciliación laboral y familiar también contribuyen a que las mujeres asuman de manera desproporcionada las responsabilidades de cuidado; y la escasez de servicios de cuidado asequibles y accesibles conlleva a que muchas mujeres se ven obligadas a dejar sus empleos o a reducir sus jornadas laborales para poder atender a sus familias.
Además, el trabajo de cuidados no remunerado realizado por las mujeres tiene un impacto directo en su participación en el mercado laboral, en sus oportunidades de formación y de desarrollo profesional. Muchas mujeres se ven obligadas a renunciar a sus empleos o a reducir su jornada laboral para poder cumplir con las tareas de cuidado, lo que perpetúa su dependencia económica y su vulnerabilidad.
Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto promover políticas públicas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidados, y que garanticen la redistribución equitativa de estas responsabilidades entre hombres y mujeres. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, justa y solidaria.
Ante lo anterior, ¿qué medidas pueden ayudar para que las tareas de cuidado sean valoradas y reconocidas en la sociedad?
El trabajo de cuidados, principalmente realizado por mujeres, ha sido tradicionalmente invisible y poco valorado en nuestra sociedad. Para lograr que este trabajo sea reconocido y valorado, se debe:
+Promover la corresponsabilidad en el ámbito familiar y social, fomentando la participación equitativa de hombres y mujeres en las tareas de cuidado.
+Reconocer el trabajo de cuidados como un trabajo remunerado y garantizando que las personas que lo realizan tengan acceso a condiciones laborales dignas, incluyendo un salario justo, seguridad social y la posibilidad de acceder a una jubilación digna.
+Implementar medidas para facilitar la inserción laboral de las personas que realizan trabajo de cuidados, garantizando la existencia de servicios de cuidado asequibles y de calidad que permitan compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado.
+Promover la formación y capacitación de las personas que realizan trabajo de cuidados, para garantizar que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva y profesional.
+Visibilizar y reconocer la importancia del trabajo de cuidados en la sociedad, a través de campañas de sensibilización y educación que destaquen su contribución al bienestar de las personas y al funcionamiento de la economía.
Es por todo esto que es fundamental reconocer el cuidado como un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a recibir cuidados de calidad, a ser tratadas con dignidad y a tener acceso a los recursos necesarios para su bienestar. Asimismo, es necesario garantizar que quienes realizan estas tareas de cuidado reciban el apoyo, la formación y el reconocimiento que merecen.
Centro de Investigación en Religión y Política 